Premier Del Castillo intervino en el juicio de Doe Run

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, intervino en nombre del Perú el pasado 31 de octubre en el proceso judicial que se le ha abierto a Doe Run en su ciudad matriz, Missouri. En este proceso, interpuesto por dos religiosas, se le acusa directamente a la metalúrgica de afectar la salud de 137 niños de La Oroya, considerada como una de las cinco ciudades más contaminadas del planeta.

Del Castillo intervino semanas después de haberse interpuesto la demanda en la corte de Missouri, iniciada en los primeros días de octubre. Al enterarse, el premier envió una carta fechada el 31 de octubre al embajador estadounidense en nuestro país, Michale McKinley, solicitándole la intervención del Departamento de Estado para que el caso sea visto en el Perú, por cuestiones de soberanía.

En esa misma carta, Del Castillo pedía que se le notifique también a la corte de Saint Louis - Missouri y al Departamento de Justicia que accedan a sus requerimientos para evitar sentar un precedente perturbador para los inversionistas de ambos países, ya que esta demanda socava la seguridad jurídica garantizada en los procesos de inversión transnacionales, donde se estipula que la empresa se rige bajo las leyes del país donde opera, no de donde proviene.

Sin embargo, el ex defensor del Pueblo, Walter Albán, señaló que dicha solicitud es una “alineación del Gobierno con la empresa”, ya que a su parecer en Estados Unidos existen mejores leyes ambientalistas que en el Perú.

(…) el ex defensor del Pueblo Walter Albán señaló que la solicitud del jefe del gabinete es “una intromisión porque se trata de una demanda contra una empresa privada y por lo tanto es un disparate que invoque el principio de soberanía cuando en realidad debería defenderse a los niños afectados por la contaminación”.

“Con esto el gobierno se alínea con la empresa”, agregó Albán, quien resaltó que en EEUU hay mayores garantías para sancionar a la empresa porque las normas en el tema ambiental son más rigurosas que en el Perú.

¿ Y qué responde el premier? “La información que recibí es que era una denuncia contra personas naturales (funcionarios de la empresa), lo que generaba por esos días controversia de cara a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con EEUU”, dijo.

Sin embargo, a Albán se le ha olvidado que la Ley General del Ambiente en el Perú fue reformada en el año 2005, siendo considerada una de las más avanzadas de la región desde su creación en 1990. Además, la denuncia hecha a la casa matriz por lo que hace la subsidiaria va en contra del derecho internacional, ya que Doe Run Resources es socia principal de Doe Run Perú y ésta última es la que opera en La Oroya y suya es la culpa de la contaminación que produce sus operaciones metalúrgicas, mas no de los pasivos ambientales.

Por ello, existen dos razones por las cuales el Gobierno está interviniendo en el juicio Doe Run. Una razón harto conocida: soberanía. La otra esta más escondida: los pasivos ambientales también son una responsabilidad del Estado, ya que cuando Doe Run empieza sus operaciones hace diez años ya se tenía conocimiento de la contaminación en el medio ambiente. El Estado debió obligar a la empresa previa a pagar por los pasivos ambientales y apoyar a Doe Run a disminuirlos durante sus operaciones.

Ahora, más que nunca, se necesita hacer realidad el sueño de crear el Ministerio del Medio Ambiente.