Piden a campesinos piuranos retomar negociaciones con Majaz
Sin embargo, esta marcha sólo logró que el Gobierno se mantuviera firme en su decisión y decidiera cerrar la mesa de negociaciones hasta que los campesinos de las comunidades nativas tuvieran la decencia de conversar abiertamente con la minera y con el Estado.
En aras de esto, el presidente regional de Piura, César Trelles, expresó su confianza de que los alcaldes de Pacaipampa y Ayabaca desisitieran en su capricho de considerar la consulta popular en la mesa de diálogo. “Los alcaldes desde ya están reuniéndose y conversando, y parece que hay algunas coordinaciones con autoridades para conversar sobre temas importantes que irán a favor de la mesa de diálogo”, sostuvo.
Recordando las palabras del premioer Jorge del Castillo, Trelles precisó que “mientras sigan ellos con la intención de modificar la agenda será imposible llegar a un acuerdo; cada uno tiene su punto de vista y esperamos en su momento seguir con el diálogo, pero no en la forma intransigente como ocurre”.
Se mostró consciente de que para avanzar en este proceso se necesita personas con deseos de hacer las cosas mejor, “que esto camine y no se vean sólo figuras políticas que están politizando el proyecto; y que esto sea pensando en el bienestar de Piura y en las grandes inversiones que necesitamos”
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Premier Del Castillo intervino en el juicio de Doe Run
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, intervino en nombre del Perú el pasado 31 de octubre en el proceso judicial que se le ha abierto a Doe Run en su ciudad matriz, Missouri. En este proceso, interpuesto por dos religiosas, se le acusa directamente a la metalúrgica de afectar la salud de 137 niños de La Oroya, considerada como una de las cinco ciudades más contaminadas del planeta.
Del Castillo intervino semanas después de haberse interpuesto la demanda en la corte de Missouri, iniciada en los primeros días de octubre. Al enterarse, el premier envió una carta fechada el 31 de octubre al embajador estadounidense en nuestro país, Michale McKinley, solicitándole la intervención del Departamento de Estado para que el caso sea visto en el Perú, por cuestiones de soberanía.
En esa misma carta, Del Castillo pedía que se le notifique también a la corte de Saint Louis - Missouri y al Departamento de Justicia que accedan a sus requerimientos para evitar sentar un precedente perturbador para los inversionistas de ambos países, ya que esta demanda socava la seguridad jurídica garantizada en los procesos de inversión transnacionales, donde se estipula que la empresa se rige bajo las leyes del país donde opera, no de donde proviene.
Sin embargo, el ex defensor del Pueblo, Walter Albán, señaló que dicha solicitud es una “alineación del Gobierno con la empresa”, ya que a su parecer en Estados Unidos existen mejores leyes ambientalistas que en el Perú.
(…) el ex defensor del Pueblo Walter Albán señaló que la solicitud del jefe del gabinete es “una intromisión porque se trata de una demanda contra una empresa privada y por lo tanto es un disparate que invoque el principio de soberanía cuando en realidad debería defenderse a los niños afectados por la contaminación”.
“Con esto el gobierno se alínea con la empresa”, agregó Albán, quien resaltó que en EEUU hay mayores garantías para sancionar a la empresa porque las normas en el tema ambiental son más rigurosas que en el Perú.
¿ Y qué responde el premier? “La información que recibí es que era una denuncia contra personas naturales (funcionarios de la empresa), lo que generaba por esos días controversia de cara a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con EEUU”, dijo.
Sin embargo, a Albán se le ha olvidado que la Ley General del Ambiente en el Perú fue reformada en el año 2005, siendo considerada una de las más avanzadas de la región desde su creación en 1990. Además, la denuncia hecha a la casa matriz por lo que hace la subsidiaria va en contra del derecho internacional, ya que Doe Run Resources es socia principal de Doe Run Perú y ésta última es la que opera en La Oroya y suya es la culpa de la contaminación que produce sus operaciones metalúrgicas, mas no de los pasivos ambientales.
Por ello, existen dos razones por las cuales el Gobierno está interviniendo en el juicio Doe Run. Una razón harto conocida: soberanía. La otra esta más escondida: los pasivos ambientales también son una responsabilidad del Estado, ya que cuando Doe Run empieza sus operaciones hace diez años ya se tenía conocimiento de la contaminación en el medio ambiente. El Estado debió obligar a la empresa previa a pagar por los pasivos ambientales y apoyar a Doe Run a disminuirlos durante sus operaciones.
Ahora, más que nunca, se necesita hacer realidad el sueño de crear el Ministerio del Medio Ambiente.
Ministerio del Medio Ambiente
El anuncio que hizo el presidente Alan García la semana pasada donde manifestó su deseo de crear el Ministerio del Medio Ambiente - que se encargue específicamente de manejar la política ecológica con miras a reducir la contaminación - ha calado hondo en todas las tiendas políticas, quienes hasta ahora no han presentado ninguna objeción a la propuesta.
Esta nueva entidad estatal se crearía dentro del marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo por la firma del TLC con Estados Unidos o por la vía regular del Parlamento y responde a las peticiones hechas por varias comunidades a través de la Defensoría del Pueblo, informó en conferencia de prensa el premier Jorge del Castillo.
En palabras de Alfredo Brack, el nuevo ministerio tendría que abocarse a ver el tratamiento de las aguas contaminadas, el manejo de los residuos sólidos, promover la mejora de nuestro aire y no permitir la importación de vehículos usados. Además deberá implementar los conceptos de la contabilidad y derecho ecológico para poder eliminar las trabas legales que gravan el desarrollo de proyectos que permitan eliminar los pasivos ambientales.
Para el jefe de la Oficina de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Vito Verna, y el responsable del Programa Minería y Comunidades de la ONG Cooperacción, José de Echave, la institución debe tener una base sólida de técnicos especializados en el tema ambiental para garantizar la credibilidad en los informes del sector como los estudios de impacto ambiental en los proyectos mineros, recursos para ejecutarlos y respaldo político de las más altas autoridades para que las reco-mendaciones sean ejecutadas.
“Una reforma de la institucionalidad ambiental incluso puede ser beneficiosa económicamente para el país porque permitiría garantizar a las comunidades opositoras a las industrias extractivas que se fiscalizará los riesgos de contaminación, lo que permitiría reducir los conflictos”, señaló Verna, tras recordar que hay varios proyectos mineros paralizados por el temor de las comunidades.
Por ello, para evitar la burocratización del sector ambiental , las direcciones y secciones que ven estos temas que se encuentran en otros ministerios - como Digesa (Salud) e Inrena (Agricultura) - deberán ser transferidas al nuevo ministerio, para evitar así duplicidad de funciones y lograr la tan esperada efectividad.
Un gran reto: combatir la desinformación
Uno de los primeros casos en los que se deberá pronunciar el Ministerio sería la reciente denuncia hecha a Doe Run en un tribunal de Missouri - Estados Unidos - por parte de dos religiosas representadas por el estudio jurídico Slichter Borgan Denton, por considerar que la empresa minera es responsable directa de la contaminación de plomo de 137 niños de La Oroya. Cabe resaltar que Doe Run empezó sus operaciones metalúrgicas en 1997 y la contaminación pre-existente en la ciudad data desde el virreynato.
La denuncia se sustenta en un estudio realizado en el año 2005 por la universidad de Missouri - Saint Louis en el que revela que los niños poseen en promedio 40 microgramos de plomo en la sangre, que es cuatro veces lo máximo permisible según la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, como los entendidos conocen, Doe Run no es culpable de la contaminación existente en La Oroya, sino que ésta ha sido heredada por quienes antes han trabajado en esa ciudad.
Otros opinan:
Humberto Campodónico: Medio ambiente: la cuestión es que no te creo
Augusto Álvarez Rodrich: Si van a crear el Ministerio del Medio Ambiente, deben hacerlo bien
[Especial] Minera Pampamali
Cuando los comuneros se convierten en fichas de ajedrez para intereses particulares
Con la mirada adusta y mientras miraba a los periodistas reunidos ante el, recordaba su natal Quispicancha, provincia de Agaraes, Huancavelica. Había sido traído a Lima por la minera Pampamali, quienes habían sufrido un atentado por parte de los comuneros de Secclla, sus vecinos, durante todo el mes de noviembre. Esto le había afectado directamente, ya que, como comunero y trabajador de la empresa, había perdido su más grande fuente de ingreso. Ahora, la helada acabaría con sus cultivos, sumiéndolo más en la pobreza extrema que padece. Todo porque sus vecinos no quieren dialogar con los mineros.
En dicha conferencia de prensa, los representantes de Pampamali reportaron que sus pérdidas económicas ascienden a unos 150 mil dólares. Este monto se calcula en la pérdida de equipos, maquinaria, alimentos, materiales dejados por concesionarios y la destrucción total de la infraestructura del campamento.
“Realmente nos sentimos muy indignados con esta situación, porque ni siquiera podemos ingresar al campamento para iniciar las labores de reconstrucción porque los comuneros antimineros nos lo impiden, no hay garantías”, señaló José Herrera, gerente general de la empresa.
El empresario recordó que los comuneros de Secclla firmaron un acta el 21 de noviembre en el cual se comprometían a iniciar el diálogo para buscar una solución al conflicto, posiblemente azuzado por ONGs antimineras. A dicha reunión asistieron el presidente regional de Huancavelica, Federico Salas; autoridades del distrito de Secclla y de la provincia de Angaraes, organizaciones de base, dirigentes de las comunidades, representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas, del Ministerio de Energía y Minas, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la empresa Pampamali.
A pesar de ello, a los tres días atacaron las instalaciones de la mina, destruyendo todo lo que había a su paso “sin ningún respeto a la propiedad privada y a la integridad de las personas, demostrando una falta de respeto al Estado de derecho”.
Herrera además denunció que los comuneros de Seclla amenazan a los pobladores de Ccochatay y Quispicancha - quienes están a favor de la empresa y se prueba con las actas extraordinarias del 10 de octubre y del 16 del mismo mes del presente año - con quitarles sus terrenos y los obligan a asistir a las paralizaciones.
Los comuneros de Secclla, liderados por su alcalde, Orlando Valenzuela Oré, declaran que han tomado esta decisión para frenar los posibles efectos de la contaminación minera en la cuenca de los ríos Sicra y Atuna, de los cuales, según declaraciones recopiladas en el diario El Comercio , no se tienen ninguna prueba.
El problema se comenzó a salir de control cuando los comuneros de Secclla comenzaron a salirse del marco legal para entrar al hostigamiento. Herrera recordó que “inclusive tenemos información que amedrentan con actos subversivos a la gente para que los apoyen. Además, en el 2004 un grupo de comuneros opuesto a nuestras labores introdujo elementos nocivos a las piscigranjas de la zona culpándonos a nosotros de este acto, pero los mismos comuneros y evaluaciones demostraron lo contrario”.
Además, horas previas a la toma del campamento minero del 6 de noviembre, como recopila El Comercio , los comuneros intentado aplicar la “justicia popular” a dos trabajadores mineros, a los cuales acusaban de portar escopetas de los ronderos, sin presentar ninguna prueba de ello. La oportuna intervención de los agentes de la Defensoría del Pueblo impidieron el linchamiento.
La minera Pampamali, reiteró, tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental desde el 9 de diciembre del 2004 y cuenta con los demás permisos del Ministerio de Energía y Minas para poner en marcha las labores de explotación y extracción de minerales. No obstante, dijo, han entregado a la Dirección Regional de Energía y Minas los perfiles del proyecto minero y sus estudios realizados para que sean revisados nuevamente.
“Estamos a la espera del resultado, pero también hemos enviado una carta al presidente regional a fin de realizar otra reunión y llegar a un acuerdo también con las comunidades opositoras porque nuestras labores no pueden continuar paralizadas”, subrayó.
Cuando le tocó la hora de hablar, este poblador de la comunidad de Quispicancha -quien prefirió el anonimato por temor a represalias como las que sufrieron sus compañeros - dijo sentirse “indignado”, por cuanto desde la paralización de las labores de la minera no tienen cómo paliar sus necesidades básicas debido a que las heladas dañaron sus campos de cultivo. “Estábamos muy esperanzados en la mina porque allí además del trabajo que realizábamos, también recibíamos alimentos, ahora nuestra situación es crítica”, expresó.
Terminada la conferencia, se levantó y se saludó con los periodistas, aunque no quiso dar muchas declaraciones. Sólo esperaba regresar pronto a Quispicancha y buscar el diálogo con sus vecinos de Secclla, quienes han planeado desde ya más manifestaciones en contra de Pampamali sin saber, quizá, que se hacen más daño a ellos que avanzar en su objetivo.
Antecedentes
2002
- Comunidades campesinas del distrito Secclla de Angaraes, Huancavelica, denuncian por evidencias de contaminación en sus ríos y fuentes de agua y despoblamiento de vicuñas en la zona. Señalaron que esto era producido por las actividades de las empresas mineras Pampamali y American Gold quienes habían iniciado actividades de extracción de plata, plomo, zinc y otros metales de las tierras comunales.
2003
- El 28 de abril 2003, la Minera Pampamali quiso presentar en audiencia su estudio de impacto ambiental, pero se frustró por la negativa de campesinos provenientes del distrito de Secclla, por haber sido ignorados y colocados en una situación de hechos consumados. Esto se hizo antes de que se presentara al Ministerio de Energía y Minas.
- El 27 de diciembre 2003, cerca de 300 pobladores de la comunidad campesina de Secclla volvió a tomar las instalaciones de la minera Pampamali. Lo hicieron luego de que hace 8 meses habían hecho la primera toma de las instalaciones de la minera. Cerraron la carretera Lircay-Secclla, además de destruir todas las instalaciones de la mina en mención. En el lugar de hecho no hubo presencia de ni un solo representante a la mina, por seguridad, tampoco estuvo presente la Policía Nacional de Lircay. La población estaba cada vez más enardecida.
2005
- 19 – 20 de febrero de 2005, paro de 48 horas, promovido por comuneros de localidad de Congalla, Julcamarca y Seclla; el motivo fue la posible reapertura de empresa minera Pampamali y supuesta contaminación ambiental que causaría a población y recursos hídricos (rios Sicra y Atuna), utilizados por comuneros para la agricultura. Realizaron bloqueo de la vía Seclla – Lircay. La empresa Pampamali, dejó de operar por la toma de campamento por parte de comuneros de Seclla
- El 27 de febrero de 2005, la Compañía Pampamali informa que ha cumplido con el estudio de impacto ambiental. Con la Resolución Directoral 531-2004 en la mano, funcionarios de la compañía minera Pampamali S.A. dieron a conocer que cuentan con autorización del Ministerio de Energía y Minas para poder desarrollar sus actividades en la concesión minera Corazón de Jesús Uno, ubicada en el paraje de Pampamali, del distrito de Seclla, provincia de Angaraes (Huancavelica).
- El 12 de setiembre del 2007, paro provincial preventivo de 24 horas convocado por los Frentes de Defensa de los barrios de Bellavista, Pueblo Nuevo, SUTE Angaraes, FEDECH, CORECAMI Huancavelica, VCA, Foro Salud. Se sumó a esta medida el Comité de Gestión de Riego de la Comunidad de San Juan Bautista. Exigen dieron un plazo de una semana para que la empresa Pampamali se retire. El plazo vencía el 19 de setiembre, a partir de esa fecha, los promotores amenazaron con el desalojo.
Las comunidades campesinas demandan al Ministerio de Energía y Minas la revocatoria de la resolución 531-2004-MEM/AAM que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Pampamali. Cuestionan la aprobación del EIA de Pampamali, por no haberse realizado audiencias públicas para su socialización. Señalan que la empresa no cuenta con el consentimiento de las comunidades para el inicio de las operaciones. Sólo tiene la autorización de algunos ex directivos comunales de Quispicancha y Ccochatay y no de los dos tercios de las asambleas comunales, tal y como lo establece la ley.
Los comuneros de Secclla se olvidaron que ellos mismos rechazaron siquiera sentarse a conversar el EIA en la asamblea del 28 de abril del 2003.
- El 29 de octubre representantes de la comunidades de Ccochatay y Quispicancha, del distrito de Secclla, llegaron a Lima para solicitar apoyo al Ministerio del Interior, pues denunciaron que son amenazados de muerte y con la quema de sus hijos por apoyar el reinicio de las operaciones de la minera Pampamali. La denuncia fue formulada por los dirigentes comunales Fulgencio Salvartierra Arango, Donato Díaz Ordóñez y Rómulo Cosinga Arango, quienes en compañía de medio centenar de pobladores dejaron esta semana un memorial al Presidente de la República, Alan García Pérez, y el Ministro del Interior, Luis Alva Castro.
- El 5 de noviembre 2007 cerca de 600 pobladores de los distritos de Seclla, Lircay, Julcamarca tomaron en la madrugada el campamento de la empresa Pampamali. Encabezados por el Alcalde Distrital de Seclla, Orlando Valenzuela Oré, Alcalde Provincial de Angaraes Raúl Ayaipoma Bendezú, Presidente del CORECAMI, Prof. Carlos Candiotti Ordóñez, Prof. Edgar Quispe Méndez, comuneros del Distrito de Seclla, Centro Poblado de Quispicancha, Ccochatay y además pobladores de Lircay. Los pobladores mencionados informaron que la toma de la mina fue un acuerdo de las comunidades, ante la falta de atención a sus reclamos por parte de las autoridades del gobierno central, a las que pidieron en reiteradas oportunidades que no se permita el reinicio de las actividades de Pampamali.
Sin embargo, las versiones de la comisaría de Lircay es que lo que se ha producido es el enfrentamiento entre dos grupos de comuneros del distrito de Secclla. Producto de la gresca entre unos 150 comuneros, dos personas resultaron heridas (Daniel Gonzalo y Eugenio Cuadros) los que han sido trasladados al hospital de Ayacucho, uno de ellos acaba de fallecer (versión de las 12 del día del 7 de noviembre). Se menciona además que el alcalde provincial de Angaraes, Raúl Ayaipoma y un el fiscal han firmado un acta con los pobladores que han tomado las instalaciones de la mina.
Dos puntos de vista antagónicos acerca del asalto de noviembre:
IndyMedia: Un muerto y dos heridos en la toma de la minera Pampamali
Agencia Andina: Comuneros ocasionaron cuantiosos daños en instalaciones de minera Pampamali
La importancia de la relación entre la minería y la industria manufacturera
El sueño de muchas ONG y del mismo Estado es lograr que el Perú se convierta en un país desarrollado en su máximo esplendor social y económico. Para ello, existen los partidos políticos, quienes nos presentan planes de trabajo que, de llevarse de manera proba, nos sacarían del subdesarrollo. Sin embargo – es ampliamente conocido – esto no se cumple porque, al fin y al cabo, siempre primarán aquellas personas que lucran vendiéndonos la “fórmula” del desarrollo sostenido.
Sin embargo, dentro de las más coherentes se encuentra la propuesta hecha por la Sociedad Nacional de Industrias, publicada el día de hoy en el diario Gestión. En ella, propone crear un lazo directo entre la minería y la industria para generar desarrollo sostenido, creando un cluster que permita alcanzar una dependencia entre ellas para la producción y la manufactura. Esto quiere decir: que hayan empresas que procesen los minerales extraídos por las empresas mineras y venderlas al mercado ya procesadas, con un valor agregado.
Pero, ¿qué es un cluster?
Es una forma de organización industrial que se caracteriza por una fuerte vinculación entre empresas pertenecientes a una misma rama industrial, que compiten y se potencian mutuamente. Por ejemplo: una empresa extrae el cobre, otra lo refina y lo funde y una última produce cables que los distribuye en el mercado.
Esto genera, a la larga, un desarrollo paralelo de las industrias que se benefician de la actividad minera, generando eslabones entre ellas. Siguiendo con el ejemplo, podemos sacar como derivado de la refinación del cobre, ácido sulfúrico. Éste se puede reutilizar para generar energía y producir tecnología, generando más empleo. Esto trae consigo movilización social e incremento de la población, por lo que las industrias de servicios y comercio comienzan a expandirse.
Para ver un caso de cluster minero – industrial, podemos citar la influencia que tiene Southern Perú en las ciudad de Ilo.
La Sociedad Nacional de Industrias propone lo siguiente en su artículo:
Se debe conformar una cadena productiva mediante la organización de proveedores locales, regionales y nacionales que abastezcan los enclaves mineros del Perú. Con ello se generaría empleo local reduciendo sostenidamente los niveles de pobreza, se dinamizará a los diversos sectores de la manufactura y se mejorará la relación social con las zonas de influencia de los enclaves, configurándose un proceso de desarrollo sostenido, armonioso y virtuoso.
Basado en las oportunidades de negocio y el conocimiento que surge del desarrollo histórico de la minería, se debe consolidar una fuerte relación y encadenamiento entre las empresas manufactureras proveedoras, con una creciente participación de las Pymes y la industria minera, que permita generar nuevo conocimiento, tecnologías, bienes y servicios con la capacidad de competir a nivel mundial, asegurando un desarrollo sustentable de la región y de nuestro país.
El eje central de la conformación de esta cadena productiva debe ser la mejora de la coordinación entre empresas productoras y proveedoras de insumos, existentes y potenciales, del sector minero y manufacturero.
Para consolidar el cluster y configurar un atractivo polo de inversiones es necesario tomar en cuenta los incentivos gubernamentales, el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica, así como la eficiencia generada por la cercanía geográfica y la rapidez en las comunicaciones entre el conjunto de los actores participantes en esta experiencia económica.
Cuando un enclave minero se establece en una zona para exploración o explotación del mineral, genera una inversión tanto en infraestructura como en capital humano y las ganancias se utilizan en proyectos de reinversión y ayuda social, por lo que en este esquema de desarrollo regional es importantísimo destacar que al garantizar el fortalecimiento del encadenamiento de la materia prima, los procesos de fabricación y venta genera un desarrollo sostenido y no el asistencialismo a los que nos tienen acostumbrado muchas ONGs.
Por ello, son tres actores sociales los que se deben involucrar en este proceso:
a) El Sector Privado, que proveería una participación activa de la gran empresa minera y los gremios empresariales
b) El Sector Público, que provee la participación de los Ministerios, los Gobiernos Regionales y locales
c) La Sociedad Civil, que proveería el conocimiento y el capital humano a través de las universidades, ONG y la comunidad organizada.
Resumiendo, el cluster minero – industrial tiene efectos positivos e importantes sobre la economía nacional, pues se incrementaría el empleo en las regiones – favoreciendo la descentralización – y se potencian los negocios, generando una menor carga tributaria, pero más efectiva, favoreciendo la competitividad en los sectores beneficiados.